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Nación irá a la Justicia para avanzar con la central nuclear en Río Negro
Viedma (Diario Río Negro).-El presidente Mauricio Macri consolidó ese camino después que el gobernador Alberto Weretilneck le explicó que su gobierno no puede liderar ninguna revisión de la presente exclusión de la planta en Río Negro. El rionegrino esgrimió que no tiene margen político-institucional para atacar la ley N° 5227, que prohibió su instalación, promulgada a principios de septiembre pasado y alentada por el oficialismo.
Weretilneck sólo prometió a Macri que la provincia no confrontaría (judicial ni políticamente) si el gobierno de Sierra Grande o la Nación intentan neutralizar esa prohibición para la instalación de la planta en el municipio serrano, esgrimiendo un apoyo mayoritario logrado en la consulta del pasado 17 de diciembre.
Antenoche, minutos después de la reunión, Weretilneck contó a “Río Negro” que el presidente ratificó “su absoluto interés” por la central nuclear para Río Negro “como factor para su desarrollo”.
Aún aceptando el proyecto, el gobernador reiteró el rechazo de la sociedad aunque prometió que “no voy hacer nada en contra” de la opinión de Sierra Grande y “voy a respetar la autonomía municipal”.
En concreto, la Provincia libera y deja la marcha a cargo de la Nación. Esa acción se advertirá en el inicio de febrero en tribunales. La Subsecretaría de Energía Nuclear, que encabeza Julián Gadano, ya había sondeado alternativas aunque en principio el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el titular de Interior, Rogelio Frigerio, habían encomendado al diputado Sergio Wisky para recuperar la posibilidad del asentamiento en Río Negro.
Ese mandato derivó en dos charlas con Weretilneck, quien mantuvo su resistencia a participar en un nuevo proceso. Eso mismo, más endulzado, repitió ante Macri.
Wisky se juntará hoy con el presidente en La Angostura y seguramente retomará el tema. Nación ya avanza en estudios judiciales en favor de esa vía, acompañada por la pretensión del intendente serrano, Nelson Iribarren. Además, el senador Miguel Pichetto aporta su visión y vínculos para el mismo propósito.
Ese camino se orienta a recursos en la Justicia Federal por la supremacía del Estado Nacional en la política y potestad energética.
Hay mayor llegada a esos tribunales. Igual, la tarea argumental no será sencilla, pues la ley N° 24.804 alude –en su artículo 11– que cualquier planta nuclear requiere de la “aprobación del Estado provincial donde se proyecte instalar”. No especifica, pero otorga intervención a la Provincia.
Simultáneamente, Iribarren puso a trabajar a sus letrados en una probable demanda de un “conflicto de Poderes” entre el Estado provincial y la autonomía del municipio.
En concreto, en Río Negro hay una ley que prohibe la instalación de centrales nucleares, sancionada luego de las elecciones, a pesar de que el mismo gobierno la impulsó originalmente.