El nuevo régimen de desvinculación voluntaria ofrece beneficios para los agentes públicos que decidan dejar sus puestos.
Incluye una liquidación mejorada de 1,2 sueldos por cada año de antigüedad, continuidad de la cobertura de salud IPROSS durante un año sin costos adicionales, y exenciones de tributos provinciales para quienes inicien actividades económicas unipersonales.
Además, las empresas que contraten a estos agentes en los 12 meses siguientes también recibirán beneficios fiscales.
Los interesados deben completar un formulario en Recursos Humanos, presentar certificados de antecedentes penales, y esperar un dictamen favorable de la Secretaría de la Función Pública.
Sin embargo, el régimen excluye a personal policial, penitenciario, docente y jubilados. Este régimen busca facilitar la transición a nuevas oportunidades laborales y fomentar el emprendimiento.