Durante estas cuatro décadas no quedaron dudas. Se dio una amplia discusión, se conocieron archivos, se investigaron los hechos y la historia dejó sentado que lo ocurrido en esos siete años de muerte, represión ilegal, desapariciones, robo de bebés, censura, exilio forzado y atropello a las libertades individuales no debe repetirse. NUNCA MÁS, fue la síntesis a la que llegamos entre todos y todas.
El trabajo minucioso del equipo de antropología forense, la recopilación de información de los centros clandestinos de detención, los relatos dolorosos de las víctimas, la tarea del CELS y los organismos de Derechos Humanos, la desclasificación de expedientes secretos de los autores del genocidio revelaron lo ocurrido en esos años. El juicio a las Juntas en la primera mitad de la década del 80 y los posteriores procesos judiciales que aún continúan contra los perpetradores de esa masacre son ejemplo a nivel mundial y siguen echando luz sobre lo sucedido.
No es relato. No hubo guerra. No existieron dos demonios enfrentados. La historia marca que desde 1976 a 1983 un Estado represor utilizó todo su poder para eliminar a quienes pensaban diferente, a quienes consideraban sus enemigos y, de esa manera, ejemplificar para mantener al resto de la población dominada y sometida. Con la brutalidad de las fuerzas armadas los grupos de tareas sembraron el terror en las calles. La iglesia y los poderes fácticos apoyaron en defensa de sus intereses económicos y religiosos hasta que la decadencia de popularidad del régimen -tras la Guerra de Malvinas- y la firmeza de un pueblo que tomó consciencia obligaron a los dictadores a llamar a elecciones.
La dictadura criminal no surgió de la nada. La violencia entre facciones existía y el método de intentar ponerle fin no fueron la Constitución y las leyes sino el uso ilegal del aparato militar del Estado para acallar, no solamente a quienes operaban por fuera de las normas, si no a todo aquel que se opusiera al régimen, mediante la desaparición forzada, el exterminio o el exilio.
Transcurridos 40 años del fin de esa época oscura y trágica, cuando creíamos saldadas perimidas discusiones, la reivindicación de los crímenes y de los delitos que fueron considerados de lesa humanidad, empiezan a repetirse no solamente entre fanáticos o ignorantes de la historia reciente. Peligrosamente, desde los altos niveles del Estado actual se alzan voces que justifican la barbarie y que se atreven a exigir libertad a sus responsables.
Al mismo tiempo, se denigra a quienes fueron las víctimas y a sus familiares, se estigmatiza, señala e insulta a los representantes de los organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS y otros, que tanto hicieron por la búsqueda de Justicia, sin venganza. Y, como si fuera poco, observamos con extrema preocupación, que esos discursos de odio contra las ideologías diferentes que en los 70 abonaban las acciones de las cúpulas militares hoy se repiten entre los líderes políticos de la fuerza gobernante calando entre sus seguidores.
Hemos ingresado en un momento histórico en el que, inquietantemente, el gobierno justifica la represión y la violencia para evitar cortes de calles o protestas y comienza a poblar la vía pública de uniformados. A diferencia de la Dictadura hoy el ataque contra los adversarios políticos y contra artistas y periodistas críticos, no se ejecuta mediante las armas tradicionales. La violencia se ejecuta, en cambio, mediante las redes sociales, con trolls que operan como grupo de tareas informáticos con el agravio y el insulto.
A 48 años de la Dictadura recordamos a las víctimas, seguimos exigiendo Justicia por los 30 mil desaparecidos, ratificamos la necesidad de la continuidad de los juicios a los represores, reivindicamos la acción de las Madres, las Abuelas y los HIJOS y valoramos las certezas que la investigación y la ciencia nos han brindado para echar luz sobre ese pasado no tan lejano.
Pero además, tristemente, estamos obligados en estos momentos complejos, a exigir al gobierno que respete la historia, que asuma su responsabilidad al frente de un país que necesita la paz y la concordia, que ponga fin a los mensajes discriminatorios y persecutorios, que evite exacerbar la virulencia. Porque mucho costó recuperar la democracia, muchas vidas se perdieron y las heridas son profundas.
Con un rumbo o con otro, pero siempre con las normas que permiten la alternancia política y el debate de ideas, es posible resolver las diferencias y democráticamente habilitar a los argentinos y argentinas a definir su futuro. Nada justifica el ataque, la agresión o la intolerancia. Como dirigentes políticos, nos debemos al pueblo y cuidarlo es parte fundamental de nuestro rol en la sociedad.
Pedimos al gobierno que esté a la altura de las circunstancias, que controle sus impulsos y trabaje en pos de mejorar la vida de todos y todas, en paz, con equidad, justicia social y pleno respeto a los derechos adquiridos, porque el NUNCA MÁS no es un relato, sino el acuerdo social al que llegamos tras sufrir tanto dolor y tantas pérdidas.