Entre los fundamentos se destacan “los cambios que se vienen sucediendo en materia de derechos humanos, por ejemplo favoreciendo con prisión domiciliaria a personajes como Miguel Etchecolatz (aunque permanece preso por otras causas) y a Felipe Jorge Alespeiti, jefe de área en la Capital Federal».
Además, la legisladora Fernández hizo referencia al llamado a la reconciliación impulsado por un sector de la Iglesia: “resulta paradójico que el poder eclesiástico hable de reconciliación, desde un supuesto lugar neutral, cuando en realidad fueron cómplices del terrorismo de Estado», y agregó en este sentido, «todo esto es grave, precisamente en tiempos en que las decisiones de la Justicia no hacen más que debilitar la democracia y dan por tierra con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia».
Por último, la iniciativa señala que «los delitos de lesa humanidad no prescriben y este fallo amenaza la memoria de los 30 mil desaparecidos y a la historia de nuestro pueblo». «No permitiremos que se desande el camino recorrido en política de Derechos Humanos. Porque reivindicamos la lucha de tantos compañeros desaparecidos es que seguimos exigiendo juicio y castigo a todos sus responsables».