Cuando hablamos de la interrupción legal del embarazo estamos hablando de un problema de salud pública, porque la interrupción de un embarazo en condiciones clandestinas genera daños y secuelas irreparables en la integridad física y psíquica de la mujer, en su bienestar sexual y reproductivo, provocando en muchos casos su muerte. También hablamos de un problema de injusticia social, dado que son sobre todo mujeres pobres y de bajos recursos las que recurren a la práctica del aborto en condiciones inseguras, y las que están en mayor riesgo de muerte porque se ven obligadas a acudir a sitios donde la interrupción del embarazo es realizado por personas no capacitadas, en condiciones de riesgo, insalubres y deficientes. También decimos que se trata de un problema de derechos humanos, en tanto limita el ejercicio del derecho a la salud y a la integridad física, que contempla el acceso igualitario a servicios integrales y seguros que eviten que el aborto siga siendo una de las principales causas de muerte materna.
Sería muy soberbio y autoritario de nuestra parte el pretender imponer como norma a otros lo que resulta nuestra convicción propia y personal. Tal como sucede con la Ley de Salud Reproductiva, a pesar del hecho de que se vean afectadas cuestiones personales y religiosas, resultaría inaceptable que una parte del país resulte víctima en sus decisiones de la otra parte que piensa diferente. La legalización, de este modo, no viene a imponerle a nadie la realización de un aborto, pero si viene a poner fin a una larga historia de riesgos, injusticias y estigmatización que han derivado en la muerte en soledad de miles de mujeres en nuestro país. El Estado debe hacerse cargo de impedir tales injusticias mediante la aplicación de políticas públicas de salud que garanticen condiciones mínimas para que evitemos tener que lamentar nuevas víctimas por la realización de abortos clandestinos.
No se trata de que el Estado se dedique a hacer abortos, sino de asumir una política de salud pública en un contexto en el que los abortos se practican todos los días, y en el que la evidencia demuestra que asumirlos por el Estado a través de la legalización no aumenta el número, sino que evita la clandestinidad.
La mujer que toma la decisión de abortar, va a abortar, y a esa realidad no la podemos cambiar; pero lo que sí podemos cambiar es que no muera al hacerlo. Podemos cambiar en que lo hagan de una manera segura. Podemos cambiar en que lo hagan de forma gratuita, que no lo hagan en soledad, que tengan asistencia, acompañamiento e información. Podemos cambiar el hecho de que no sean juzgadas, criminalizadas y perseguidas.
En cuanto a la tan mencionada cuestión de la “constitucionalidad” de una normativa que aborde la IVE, consagrados constitucionalistas que han expuesto en este Senado y ante la Cámara de Diputados vienen sosteniendo que de ninguna manera nos encontramos ante la posible sanción de una ley inconstitucional, dado que no existe ningún artículo de nuestra Constitución Nacional que prohíba la interrupción voluntaria del embarazo. Lo propio sucede respecto del mentado artículo 4, inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Cuando menciona el término “en general”, es porque admite excepciones, las que deben precisamente ser interpretadas en contexto y en base al resto de la normativa internacional vigente. Muy por el contrario, una interpretación acabada e integral de la normativa internacional de los derechos humanos nos compromete en la obligación de tutela de las mujeres en condiciones de igualdad.
Al respecto, el Comité de DDHH de Naciones Unidas deduce en su interpretación que “la prohibición del aborto no puede poner en riesgo la vida de las madres ni someterlas a dolor físico o mental severo o sufrimiento”. En todo caso “el Comité de Derechos Humanos considera que el aborto siempre se debe permitir en los casos de violación, incesto o malformación del feto”.
A través del fallo “F.A.L.” la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en el sentido de que el aborto legal no es inconstitucional, ni tampoco es contrario a las obligaciones de nuestro país en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se expidió en el denominado caso “Belén”, expresando que “el Estado (Argentino)debe asegurar que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo”.
El Dr. Fabián Salvioli, que durante seis años integró el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y durante dos años lo presidió, entendió que “en los últimos cuarenta años, ese comité jamás ha dicho que la IVE es una privación arbitraria de la vida”, y resaltó que durante su gestión en la integración del mismo examinó a 120 Estados y que “nunca se le dijo a ningún Estado miembro que la IVE violaba una convención internacional de derechos humanos” (Alocución ante la Cámara de Diputados de la Nación). Sostuvo en otras ocasiones que la problemática “no debe abordarse desde lo penal ya que en aquellos lugares donde el aborto está despenalizado no aumentó el número de prácticas, pero sí disminuyó la cantidad de muertes de mujeres que acuden a este procedimiento en condiciones de inseguridad” (Declaración ante la Legislatura de la Provincia de La Pampa, Santa Rosa, 10 de abril de 2018).
La jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, defendió ante ésta Cámara el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo desde la óptica de la progresividad del derecho, sosteniendo que “este es un tema de salud pública que compromete derechos humanos. Si bien no hay duda de que hay vida desde la concepción en principio, lo que fue tenido en cuenta al redactarse el nuevo Código Civil y Comercial, todos sabemos que los derechos no son absolutos, que pueden entrar en conflicto con otros derechos. Cuando esto pasa, esos conflictos de derechos deben resolverse sobre la regla de la proporcionalidad, lo que significa que a cada uno de estos dos derechos se les ponen restricciones”.
En manera alguna nos parece acertado que el rol del Estado en dichos casos se oriente en penalizar a la madre, castigándola por partida doble sobre lo que ya constituye una situación desdichada; ni en mirar para otro lado pretendiendo negar lo innegable: que en Argentina existen miles de abortos por año, y que en muchos casos las mujeres mueren por no haber recibido atención adecuada, dejando huérfanos a sus demás hijos.
De ninguna manera entiendo a la interrupción voluntaria del embarazo como un mecanismo anticonceptivo, creo que es subestimar a las mujeres y personas gestantes el sostener esa idea. Pero la mejor manera de prevenirla no es la penalización sino la educación sexual integral, laica, científica y con perspectiva de género, a través del ejercicio de una sexualidad libre y responsable, derribando mitos y tabúes; y colaborando el mismo Estado con la provisión gratuita de métodos anticonceptivos, brindando la posibilidad de elegir el método adecuado y eficaz que les impida verse afrontando la difícil decisión de tener que abortar.
Encontrarse en esa situación jamás podrá ser una decisión sencilla, ni liviana, ni agradable, antes bien derivará de un contexto complejo que desnude un enorme vacío, incomprensión y soledad; pero si a dicha situación le sumamos la criminalización que deriva al tratarse en dicha ocasión a la mujer como una “delincuente”, o si se favorece su estigmatización, o si el Estado se limita a desentenderse y a negar la situación, pretendiendo que con el solo hecho de “no mirar” el hecho desaparece; estaremos entonces fomentando la injusticia y sometiendo a la mujer a una doble victimización, la de hallarse en el terrible desamparo de tomar esa decisión sola, bajo alto riesgo y sin asistencia, y la de que el Estado la abandone, persiga y castigue. En ese caso, lo que tendremos es un Estado responsable por incumplir con sus deberes de cuidado y asistencia, lo que debería derivar, incluso, en la responsabilidad del mismo frente a organismos internacionales.
Es en este sentido que propiciamos que, a la dura decisión de una mujer de tener que interrumpir su embarazo, no le siga la negación y/o persecución por parte del Estado, sino que se la asista debidamente a través de condiciones seguras y adecuadas, que exista un acompañamiento legal y psicológico acorde, y que pueda garantizarse que dicha interrupción sea realizada en condiciones seguras y gratuitas, acompañándola debidamente.
Es, precisamente, la clandestinidad, la principal causa evitable de muchas muertes. La penalización no ha servido hasta el momento en manera alguna para disuadir respecto de la decisión de interrumpir un embarazo, pero lo que sí ha generado es que la intervención deba ser hecha en condiciones de ilegalidad y de desprotección, en total soledad, exponiendo así a las mujeres a tratos crueles e inhumanos, así como a un mercado ilícito y millonario que lucra con su desamparo y su desprotección, sometiéndolas así ante las redes de trata y de apropiación de menores.
Es necesario que en un sistema democrático podamos respetar el sistema de valores y creencias de todos los que, sintiendo y pensando en modo diferente, resolvemos nuestros dilemas éticos escuchando, debatiendo y finalmente resolviendo conforme nuestro sentir y saber, de modo que nos permita votar conforme nuestras convicciones y lo que consideramos será la decisión más sabia y menos injusta.
De este modo es que me encuentro resolviendo hoy mi voto positivo, considerándome una mujer íntegra, siendo madre, católica y laica, encontrándome completamente del lado de la vida y defendiendo la vida de mujeres que han encontrado la muerte injustamente a través de una interrupción violenta de su embarazo en condiciones indignas y sin cuidado alguno.
Hoy resulta necesario que estemos a la altura de las circunstancias como Senadoras y Senadores de la Nación; educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Por eso digo, junto al universo de compañeras que se están manifestando a lo largo y ancho de nuestro país: “Que sea Ley”!!
Senadora Magdalena Odarda
Partido RIO