Sierra Grande | La concejala Judith Campero, del partido Renacer, promueve la puesta en marcha de una nueva ordenanza destinada a facilitar la ejecución de obras propuestas por vecinos, una iniciativa que busca responder a las necesidades de infraestructura y servicios básicos de las comunidades de Sierra Grande.
La ordenanza número 1677-24, aprobada el 13 de septiembre en el Concejo Municipal, marca un paso importante en la participación vecinal en obras de interés comunitario y en la regulación de contribuciones para el financiamiento de estos proyectos.
Campero, arquitecta de profesión, explicó que esta propuesta surgió de observar «ordenanzas demasiado viejas, obsoletas o faltantes» y de su experiencia como residente y profesional en la localidad. Según expuso, uno de los principales problemas que impulsaron la creación de la norma fue la distribución de costos en obras que benefician a todos los vecinos, pero que no siempre son financiadas equitativamente por los beneficiarios. En sus palabras, este es un mecanismo para evitar que «algunos vecinos sean desamparados» y deban asumir costos adicionales debido a la falta de aportes de quienes también reciben el beneficio de las obras.
La concejala describió el proceso de esta normativa, una «ordenanza madre» que establece los lineamientos y requisitos para proyectos comunitarios de servicios esenciales, como redes de gas, agua, electricidad y cloacas, además de mejoras en la infraestructura de comunicación, como calles adoquinadas y veredas. Uno de los aspectos clave de esta ordenanza es el requisito de que al menos el 70% de los vecinos beneficiados estén de acuerdo en realizar la obra, mientras que el otro 30% quedará obligado a contribuir financieramente, lo que, según Campero, garantiza un alto grado de aceptación y solidaridad en la comunidad. «Si hablamos de algo democrático, debería haber sido la mitad más uno, ¿no? Pero esto es más que democrático», afirmó.
Además, la ordenanza contempla una alternativa para aquellos vecinos que desean realizar una mejora en conjunto con el municipio. En estos casos, si un 30% de los residentes manifiestan su oposición, la obra no se realizará. Por otro lado, la normativa también prevé un mecanismo para aquellas personas que, aunque deseen participar, no cuentan con los recursos económicos para hacerlo, permitiéndoles acceder a planes de pago.
Campero destacó que esta ordenanza se inspiró en una normativa similar de la ciudad de Bariloche, adaptada para cubrir las particularidades de Sierra Grande. En su aplicación, los vecinos interesados en ejecutar una obra deberán presentar al municipio un proyecto detallado, con un presupuesto estimado y la empresa seleccionada para llevarlo a cabo. El proyecto pasará luego por un registro de adhesión y, de obtener el visto bueno del Consejo, los vecinos contarán con la garantía de que todos los beneficiados participen en los costos, evitando así el problema de que unos pocos asuman la carga económica completa. «Es injusto, además, que algunos vecinos no paguen por una obra de la que luego se benefician», enfatizó.
Esta ordenanza, asegura Campero, es una herramienta que permitirá a los vecinos mejorar su entorno y resolver problemas de infraestructura que el municipio, debido a su capacidad limitada de recursos, no puede atender por completo. Concluyó que espera que esta medida «ayude a cambiar la realidad de los vecinos», promoviendo un cambio de mentalidad hacia una mayor colaboración y compromiso colectivo en Sierra Grande.
Fuente: Radio Libre | En este día.