Esta semana el intendente, patrocinado por el abogado Pedro Casariego denunció ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro la inconstitucionalidad de la ley 5227 que prohíbe la instalación de plantas nucleares en el territorio provincial.
El argumento de la denuncia, cuenta con más de 100 fojas y es generalmente técnico y lo fundamentó su presentación en la jurisdicción y la autonomía municipal y en la consulta popular no vinculante que realizó en diciembre pasado y la derogación de la ordenanza que declaraba al municipio como no nuclear.
Iribarren ratificó que cuenta con el aval de nación “nada se podría hacer sin el apoyo nacional”.
También fue crítico a los legisladores que rechazan su pedido porque cree que solo hacen campaña mediática y que no proponen proyectos de desarrollo para Sierra Grande.
Ejemplificó que entre legisladores, diputados y senadores de Sierra Grande se van 37 millones de pesos anuales en sueldos y que poco vuelve a la localidad.