Por su parte, los familiares le hicieron saber al funcionario que continuarán con el acampe que llevan a cabo desde la semana pasada en la Plaza de Mayo hasta que no vean el contrato firmado con la empresa que realizará el rastrillaje del submarino desaparecido desde noviembre pasado.
La favorita para ganar la licitación es la estadounidense Ocean Infinity, en lugar de la española Igeotest Geociencias y Exploraciones S.L., a la que se le había preadjudicado la tarea de búsqueda y que el lunes pasado quedó descartada por presuntas irregularidades de la compañía.
«El ministerio de Defensa delega en la Armada los pliegos de contratación para una nueva búsqueda. Un grupo de familiares y abogados junto a la Armada nos reuniremos a trabajar sobre el pliego para una nueva búsqueda, es un nuevo empezar», indicó en declaraciones a radio El Mundo Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas, tras la reunión con Aguad en el Edificio Libertador.
No obstante, en diálogo con C5N, aclaró: «Vamos a seguir en la plaza hasta que no esté el contrato firmado, la medida seguirá hasta que obtengamos las promesas recibidas».
Por su parte, la abogada querellante Lorena Arias confirmó que ahora se irá por una contratación directa para reactivar la búsqueda del submarino, pero lamentó que eso los familiares ya lo habían pedido «en marzo» pasado y que si el Gobierno lo hubiera aceptado de inmediato «se hubiera ganado mucho tiempo».
«Las familias pueden proponer la empresa y se trabajará directamente con la Armada y no con el Ministerio», recalcó la letrada en declaraciones televisivas, mientras que confirmó que la firma Ocean Infinity es la que parte con mayores posibilidades.
Antes de iniciarse la reunión con Aguad, alrededor de medio centenar de familiares de los tripulantes del desparecido submarino se manifestaron en la Plaza de Mayo, en cuyas rejas pegaron carteles con reclamos para que continúe la búsqueda del ARA San Juan.
La semana pasada, un grupo de mujeres y familiares de los tripulantes iniciaron un acampe en la Plaza de Mayo para pedir al Gobierno que acelerara el proceso de adjudicación de la licitación, que en el caso de la empresa española -ya desechada- tenía previsto un plan de rastreos que llegarían hasta los 1.200 metros de profundidad, en el talud donde se supone habría caído el submarino el 15 de noviembre pasado. Minuto Uno