Dudosos sobreseimientos ● Agencia ADN

Los casos policiales en la sociedad tienen una repercusión que supera el interés por la noticia de cualquier ciudadano, muchas veces angustiado por otras cuestiones de cotidiana preocupación.

La televisión oficia como disparador y potente multiplicador de la agenda diaria e incorporó al tema policial con un amarillismo propio de los medios escritos del siglo pasado.

Es así como en los hogares, oficinas, bares, trabajos y en ruedas de amigos, todos somos especialistas en justicia penal, peritos y expertos en criminología, pero las consecuencias más graves del manejo de la noticia policial no es el incremento de la fantasía popular, sino la desconfianza a la política, la justicia, la policía, en resumen a todo un sistema que genera desconfianza y desprotección al ciudadano.

El último de estos casos es el de Ángeles Rawson, primero desaparecida y luego hallada muerta en un depósito de residuos del SEAMSE en Buenos Aires. El hecho de la adolescente asesinada luego de su clase de educación física, parecía estar resuelto. Hoy las dudas se ciernen sobre la presunta autoría del portero del edificio donde ella vivía.

La supuesta confesión y posterior detención de este ignoto hombre, por orden de la fiscal que lleva adelante la investigación, genera muchas dudas. No hay otras pistas abiertas en la investigación, faltan resultados de los ADN de los restos de material humano encontrados en el auto del portero y en las uñas de Ángeles.

Pareciera que palpitamos otro caso sin justicia. Sin resolución judicial. Otro crimen impune como el de Miguel Brú, Marita Verón, Candela Sol Rodríguez Labrador y tantos otros donde se mezclan los vínculos directos e indirectos del poder en cualquiera de sus tres representación: Ejecutivo, Legislativo o Judicial, la policía, el dinero y la droga, actuando como verdaderas mafias a la hora de tapar y dejar impunes estas muertes.

Río Negro no es la excepción, hay antecedentes que certifican esta afirmación. Basta mencionar los dos triples crímenes de Cipolletti, el doble crimen de Río Colorado, Otoño Uriarte, Atahualpa y el caso Solano por citar los más relevantes.

Pero hay un caso del que nadie habla sucedido en nuestra provincia y que de haber sucedido en algún importante conglomerado urbano, hubiera tenido sus consecuencias.

Se trata de un hecho aberrante y desgraciado donde murieron dos ancianos, ocurrido el 25 de septiembre del 2008, que conmovió a Sierra Grande, por la impunidad de un doble crimen y los apremios ilegales que habrían permitido integrantes del Ministerio Público obstinados en seguir una pista imaginada sólo por quienes fueron responsables de la investigación, constituyendo graves fallas que podrían ser calificadas como mala praxis, ocultamiento y desidia a la hora de investigar.

En ese hecho fueron asesinados Plinio Miglio Padilla( 70) y Lucia Rodríguez (72), ultimados a sangre fría detrás del mostrador de la despensa “Las Dos Rotondas”, que por más de 30 años atendieron en la localidad serrana. Un tiro en la cabeza y otro en el tórax para cada uno de los ancianos, donde el o los atacantes no sacaron siquiera un caramelo del negocio. Enseguida vecinos de Padilla y Rodríguez descartaron el móvil de robo.

Recientemente la Sala B de la Cámara del Crimen de Viedma, integrada por los doctores Jorge Bustamante, Francisco Cerdera y Pablo Estrabou, adhiriendo al dictamen de la Fiscal de Cámara Adriana Zaratiegui, (respetando la imposición de la certeza negativa) revocó el sobreseimiento de siete policías que habían estado comprometidos en la investigación de la causa conocida como el “Doble Crimen de las Dos Rotondas” en Sierra Grande.

¿Qué sucedió en la investigación de la muerte de estos dos ancianos? La Procuradora Liliana Piccinini, responsable del Ministerio Público, envió a Sierra Grande al Fiscal Marcelo Alvarez para que esclareciera el caso que tanto conmovió –en aquellos días- la tranquilidad de la ciudad minera.

Alvarez decidió varios allanamientos, interrogatorios, detenciones y demás medidas probatorias para llegar al o los responsables del doble crimen.

Luego de haber interrogado a varios sospechosos, algunos detenidos y luego liberados, el fiscal ordenó la detención de un joven de 18 años, Luciano Bertolini, quien estuvo preso por meses, en base a pruebas muy cuestionadas como la de un testigo de identidad reservada, peritajes odorológicos sobre el cuerpo del acusado y lo más grave del caso fue la denuncia de Bertolini de haber sido golpeado, con tormentos, por la policía y ante la presencia del fiscal. Todo el procedimiento se hizo sin la intervención y autorización del juez penal en turno.

Bertolini fue dejado en libertad por orden de la Cámara Penal y casi un año después fue dictada su falta de mérito, iniciándose una investigación en base a la responsabilidad de los policías que actuaron en el procedimiento llevado a cabo por Marcelo Alvarez. Todos fueron rápidamente sobreseídos.

Fue así como Marcela Viviana Paz, madre de Bertolini, en junio de 2011realizó una denuncia penal -ante la Procuradora- contra Marcelo Alvarez, por apremios ilegales, abuso de autoridad y por los malos tratos sufridos por su hijo. Esta denuncia, a decir por la familia Bertolini, jamás fue investigada, a la par que la fiscal Daniela Zágari sin tomar una sola medida al respecto, ordenó el archivo de la denuncia. Otro caso en que no funcionó la certeza negativa de la Resolución 3/09 del Ministerio Público.

Por esto en Río Negro tenemos un nuevo doble crimen impune, agravado por sospechadas medidas judiciales, a pesar de la denuncia de Marcela Viviana Paz, madre del joven imputado, preso, golpeado y luego dejado en libertad por falta de mérito.

Hoy la Cámara Criminal de Viedma abre una nueva instancia para la resolución de estos crímenes que no tuvieron profusa difusión periodística, revocando el sobreseimiento de 7 policías que actuaron bajo las órdenes del fiscal Marcelo Alvarez, en la noche del 25 de septiembre de 2008.

De esta manera se han invalidado las pruebas esgrimidas por el Fiscal y se dispuso una investigación más amplia, es decir que no solo se circunscriba al accionar de los efectivos policiales, sino que comprenda a todos los actores de esta trama judicial.

La Justicia deberá resolver no sólo el crimen de los ancianos Padilla y Rodríguez, en Sierra Grande, sino también la denuncia por apremios ilegales a Luciano Bertolini, abuso de autoridad y los dudosos sobreseimientos. Ya pasaron casi cinco años