Di Giácomo ratificó que no se avalará la ocupación ilegal de viviendas en Sierra Grande

El ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, presidió hoy una reunión de trabajo donde se analizó un curso de acción ante la usurpación en Sierra Grande de 48 viviendas.

 Las mismas son propiedad de HIPARSA, y precisamente, iban a ser reconstruidas para aliviar el déficit habitacional en la localidad.

El encuentro fue requerido formalmente por el Concejo Deliberante de la localidad, que concurrió en pleno a la sede de la cartera provincial, con la presidenta del cuerpo Graciela Holtz y los ediles Mabel Anchorena, Marcos Boiocchi, Raúl Poltronetti, Miguel Ángel Mesa, Daniel Gutiérrez y Viviana Díaz.

Participaron además el intendente Renzo Tamburrini; el secretario de Gobierno provincial, Ariel Gallinger, y el interventor de HIPARSA, Rubén Ortíz.

Hay que recordar que las viviendas ocupadas integraban la licitación que se había decidido para su reconstrucción, ya que estaban totalmente deterioradas desde el cierre de la ex HIPASAM, proceso que ahora con esta medida ilegal quedó interrumpido.

Di Giácomo ratificó que desde la provincia y en conjunto con las autoridades locales no avalarán ningún tipo de usurpación ilegal y en sucesivas reuniones se decidirán las medidas a instrumentar que permitan terminar con esta medida de fuerza, retomar la licitación para reconstruir las unidades y adjudicarlas a las familias que realmente tienen derecho a ese beneficio.

Seeñaló que “la ilegalidad no puede generar derechos”, subrayando que “los ocupantes están perjudicando a sus propios vecinos, ya que la entrega de viviendas se debe hacer de acuerdo a criterios transparentes, por orden de mérito de quienes están inscriptos y no por el uso de la fuerza”.

Dijo además que “no hay posibilidad real de habilitar los servicios, como piden los ocupantes, porque las empresas de servicios, tanto de luz como de agua y gas, tienen como requisito intervenir únicamente ante viviendas habilitadas, con tenedores formales que poseen la documentación legal de sus unidades.

Informó además que la ocupación está judicializada porque HIPARSA hizo la denuncia penal como corresponde, con lo cual hasta que no haya un dictamen judicial no hay posibilidad de generar ningún mecanismo que permita una regularización de las tenencias de esas viviendas.

Expresó que “en función de la nueva conformación de la justicia esperamos una preservación de los derechos de los ciudadanos que realmente merecen el acceso a las viviendas y no intentaron forzar una situación con la ocupación ilegal, y a la vez no premiar a gente que busca beneficios por fuera de la ley”.

Finalmente lamentó que por esta medida ilegal de la ocupación se haya tenido que interrumpir un proceso de licitación para la reconstrucción de viviendas de HIPARSA, con una inversión provincial de unos 8 millones de pesos.

El intendente Tamburrini destacó que “tenemos que agradecer la predisposición del gobierno provincial, encabezado en esta oportunidad por el ministro Di Giácomo, quien dio respuesta a una solicitud de nuestro Concejo Municipal para tratar como tema principal la usurpación o toma que ejerce un grupo de vecinos de un edificio propiedad de HIPARSA con 48 unidades habitacionales”.

Sobre las conclusiones del encuentro informó que “tanto la provincia como el municipio no van a legitimar bajo ningún punto de vista la toma, no tenemos posibilidades de brindar los servicios a esa unidades como demandan quienes usurpan”.

Indicó que “vamos a trabajar conjuntamente para generar un mecanismo que termine con la tenencia legal de esas propiedades a quienes realmente les corresponda”.

Adelantó que “hemos acordado una agenda de trabajo que va a derivar a algunas obligaciones por cada una de las partes que nos reunimos hoy, lo que implica avanzar en una serie de reuniones con material en mano, con informes del municipio e HIPARSA”.

Reflexionó finalmente que “vemos con mucho dolor no poder recibir una inversión de la provincia de 8 millones de pesos por esta situación que se ha generado, que a mi juicio interpreto es una actitud de especulación por parte de los tomadores, ya que se decidió a posteriori de los anuncios de reconstrucción de esas unidades”.