Escribe Natasha Niebieskikwiat para Clarín
Sumida en una prolongada crisis de desempleo al cerrársele las últimas puertas de la explotación minera, Sierra Grande no supera los 15.000 habitantes. Pero su intendente, Nelson Iribarren está dispuesto a librar su cruzada nuclear hasta las últimas consecuencias. La semana pasada, el municipio de la rionegrina Sierra Grande presentó ante la Justicia un pedido de inconstitucionalidad de la ley provincial 5227, que prohíbe la instalación de una central nuclear en Río Negro.
Sierra Grande acusó a la provincia de cometer una contradición política, de violar una orden federal en virtud de que Río Negrono podría legislar en materia nuclear porque invadiría esferas del Congreso Nacional. La acusan de estar violando la autonomía municipal y los derechos de los habitantes de Sierra Grande, que por mayoría quieren la planta según lo demostró una consulta popular. Aunque participó el 30% del padrón, a fines del año pasado el 83% de los votantes estuvo a favor de la instalación de la central nuclear.
El intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren. Quiere la planta nuclear en su ciudad. Nelson Iribarre intendente de Sierra Grande quiere una planta nuclear en su ciudad funcionario del gobierno
La central había contado inicialmente con el aval del gobernador Alberto Wereltineck, cuando la administración de Cristina Fernández de Kirhner la negoció con su par Xi Jinping para que fuera construida con capitales chinos. Estuvo siempre pensada para ser la quinta planta nuclear de Argentina, y así lo mantuvo Mauricio Macri al llegar al poder.
Weretilneck incluso viajó en 2017 a China con Mauricio Macri y firmó los convenios necesarios para instalar la central en Sierra Grande, pero dio marcha atrás cuando vio peligro electoral por las protestas ambientalistas y kirchneristas -que habían avalado la planta proyectada por su jefa- . El año pasado el congreso rionegrino, que tenía amplia mayoría oficialista y kirchnerista aprobó la ley que prohíbe la instalación de la planta.
Entonces comenzó la rebelión de Iribarren (que es de Cambiemos) y de quienes están a favor de la planta, ante la mirada expectante del ministerio de Energía. La jefatura de Gabinete, y el ministerio que comanda Juan José Aranguren aguardan que el municipio y la provincia resuelvan su disputa. En el Ejecutivo señalaron que si Río Negro la rechazaba estaban dispuestos a llevarse la planta para la provincia de Buenos Aires. Tras la judicialización del caso y algunas señales nuevamente confusas de Wereltineck frenaron cualquier impulso de mundanza. De hecho, Buenos Aires ya tiene dos centrales atómicas (Atucha I y Atucha II). Una tercera sería sobrecargarla.
Tras la consulta popular, Nelson Iribarren sigue su guerra nuclear para neutralizar la ley provincial que prohíbe la planta. Como publicó Clarín, hace unas semanas,logró que el Concejo Deliberante de la pequeña ciudad derogara una ordenanza que prohibía el depósito y tránsito de sustancias nucleares por dicha jurisdicción, y ahora hizo una presentación ante el Tribunal Supremo provincial.
En uno de los apartados, la presentación judicial marca la «contradicción política» puesto que en 2014 la ex presidente Fernández de Kirchner suscribió los Convenios Marco de Cooperación en los que se incluía la planta, aprobados en el Congreso de la Nación por los legisladores rionegrinos, entre ellos los senadores Miguel Angel Pichetto, Silvina García Larraburu, y los diputados María Emilia Soria, Hernán Avoscan, Josue Gagliardi, Jorge Cejas y Luis Bardegia. Y subraya la presentación que el propio Wereltilneck la había avalado.La pesentación señala que la actividad está regulada por la ley nacional de actividad nuclear 24.804, de 1997, por lo que la ley de Wereltilneck del año pasado «no puede tenerse como expresión válida». y luego asegura que hay «lesión» de los intereses y de la autonomía local.
Según se afirma, la planta en cuestión requeriría un desembolso asiático-argentino de US$ 8.000 millones, sin contar con inversiones en rutas, hospitales e infraestructura extra para los trabajadores. Se afirma que demandará 700 empleos cuando esté en actividad, y que durante su construcción requeriría la mano de obra de unos 8.000 trabajadores.