El Juez Favio Igoldi, titular del Juzgado de Instrucción Penal Nº 2 de Viedma, ordenó el procesamiento de Juan Adan Huentemil, socio gerente de la empresa Vectores Srl, calificando su conducta como fraude a la Administración Pública. El nombrado habría cobrado por la construcción de la vivienda de un docente de la Escuela Hogar N° 75 del Paraje Arroyo Los Berros que no fue erigida.
El imputado también había sido acusado por deficiencias y falta de construcción de un paredón, colocación de portón, pintura de interior y exterior del mismo establecimiento escolar, pero el magistrado entendió que para esos casos no existió mérito suficiente para procesarlo ni sobreseerlo.
En la resolución también se dictó la falta de mérito para Carlos Ernesto Gonzalez y se solicitó a la Fiscalía que investigue a Rafael Calluhuequi y a todo responsable de la Comisión de Fomento de Arroyo Los Berros.
El caso se desarrolló entre el mes de febrero del 2007 y agosto del 2008 en Viedma cuando Carlos González, quien era el Director General de Comisiones de Fomentos, contrató a la empresa Vectores Srl, representada por su socio gerente Juan Adan Huentemil, con la finalidad de ejecutar obras relativas al Paraje Arroyo Los Berros.
Las obras correspondían a la Escuela Hogar N° 75 y comprendían la vivienda del docente, el paredón y colocación del portón, y tareas de pintura. Todas se llevarían a cabo mediante un convenio de Obras con la Dirección de Comisión de Fomento del lugar. Las mismas, de acuerdo a la denuncia, fueron abonadas a pesar de no ser realizadas o ser parcialmente ejecutadas, o con graves deficiencias de construcción.
El Juez explica en su resolución con respecto a la Vivienda para docentes “que la obra fue tramitada sobre un convenio de obras con la Dirección de Comisión de Fomento encabezando las actuaciones con una nota del Director General de Comisiones de Fomento Carlos Ernesto González el 15 de marzo de 2007, requiriendo la construcción de una nueva vivienda para docentes en Arroyo Los Berros al Ministerio de Educación, acompañada de tres presupuestos, siendo la oferta más baja la correspondiente a Vectores”.
El 28 de diciembre del mismo año, mediante una Resolución del Ministerio de Educación, se aprobó el convenio de obra particular suscripto entre el Ministerio de Educación y la Dirección de Comisiones de Fomento, ordenándose el pago de la suma de 128.100 pesos al Director Carlos González.
Sin embargo, la empresa, no obstante haber cobrado en tiempo y forma no habría ejecutado la construcción de la vivienda en cuestión. El magistrado continúa en su Resolución: “Del informe del comisionado de fomento Eusebio Rafael Calluhueque (…) en relación al pago de la obra surge que se recibió el día 03/01/08 108.885 pesos. Informó además que las veces que le solicitó las facturas correspondientes a Juan Huentemil, se negó aduciendo que recién lo entregaría cuando terminara las obras”. El juez afirma que “de pericias realizadas en el lugar de fecha 1 de diciembre de 2014, la obra anteriormente descripta no se ha construido”.
En relación a González, el Magistrado afirma que “si bien se acredita un fraude a la administración pública, no se verifica conducta dolosa del nombrado en el hecho. La conducta de Gonzalez puede ser totalmente negligente y desinterasada de los fondos y su tarea específica pero esto no puede asemejarse a un dolo defraudatorio (…)”.
Luego continúa: “Distinta ha sido la conducta de Huentemil, quien efectivamente percibió sumas dinerarias por una obra no realizada, defraudando al fisco con una notoria conducta dolosa. En este marco defraudatorio, quien aparecería participando de la maniobra delictual y que sin dudas deberá ser investigado (…) es el responsable de la Comisión de Fomento del lugar”.
Delegación Comunicación Judicial