Buscan anular la derogación de ordenanzas anti nucleares

Viedma(Diario La Palabra).-  Con el objetivo de poner un freno al afan del intendente Nelsón Iribarren por propiciar la instalación de la planta nuclear argenchina en el ejido de Sierra Grande concejales, legisladores, dirigentes gremiales y un ex intendente concurrieron ayer a la Justicia y presentaron un amparo ambiental en defensa de las Ordenanzas que declaran municipio no nuclear a Sierra Grande, recientemente derogadas.

La acción fue realizada por la Legisladora Graciela Holtz, el presidente del Bloque de Concejales del FpV Marcos Boiocchi, las ediles Beatriz Benítez, Victoria González, el secretario General de Unter de Sierra Grande y representante de CTA Zona Atlántica Gustavo Ávila y el ex intendente Renzo Tamburrini y fueron acompañados por el Legislador Nicolás Rochas.

Luego de la presentación Boiocchi, indicó que “el objetivo es defender las ordenanzas que protegían el ejido municipal de Sierra Grande de todo lo que respecta a la generación de energía nuclear”. Dijo además que “pretendemos frenar el accionar poco democrático del Intendente que actúa como si Sierra Grande fuera un feudo y se atribuye la potestad de tomar decisiones sin informar al pueblo”. “Las ordenanzas no se pueden borrar de un plumazo”, agregó.

Los amparistas, cuestionaron además la falta de información, de estudios de impacto ambiental y socioenómicos sobre una temática que involucra a muchas regiones y no sólo a Sierra Grande.

Además advirtieron con respecto a la presentación de inconstitucionalidad que realizó Iribarren de la ley provincial que prohíbe la instalación de centrales nucleares que “es el último capítulo de un hecho tras otro de transgresiones a leyes, nacionales, municipales y provinciales”.

Coincidieron en que sólo el 30 por ciento de la población de Sierra se expresó en lo que se llamó “consulta popular”, mientras que un 70 no lo hizo lo que demuestra que se sienten amparados y representados por la ley provincial anti nuclear.

Por su parte Ávila, dijo que “acompañamos estas acciones que protegen al ambiente, no sólo en este caso sino también en defensa de los ríos, para la protección por la remediación del plomo y por todo lo que sea para defender el ambiente”.

Finalmente adelantaron que continuarán con las acciones judiciales si el Intendente Iribarren «sigue con su postura de ir en contra de las leyes que protegen el derecho de vivir en un ambiente sano».